HECTOR PABLO RAMIREZ PUGA, CON ULISES RUIZ

Carlos Cantón Zetina

Héctor Pablo Ramírez Puga, ahijado político de Ulises Ruiz Ortiz –el nefasto delegado del PRI en Quintana Roo–, ha convertido a Liconsa en la Cueva de Alí Babá. O en la cueva de las “ratas lecheras”…

Ambos son originarios de Oaxaca, donde dejaron una estela de corrupción, represión y hasta asesinatos.

Y hay indicios de que el mandamás real en Liconsa (Abasto Social de Leche) es Ruiz Ortiz, tenebroso ex gobernador que saqueó uno de los estados donde hay mayor pobreza. Allí, en esa empresa sectorizada de Sedesol federal, tiene incrustado a un buen número de sus ex colaboradores, empezando por Ramírez Puga, quien fue su jefe de prensa.

¡Vaya ejemplares del “nuevo PRI”!:

Ulises alista el fraude electoral en Quintana Roo, y Héctor Pablo prepara e impulsa desde Liconsa su candidatura al gobierno de Oaxaca.

Sin pudor alguno, HPRP ordeña recursos de la pobreza para invertir en su imagen política: gasta millones de pesos del presupuesto de Liconsa en una ilegal precampaña en su intento de ser gobernador como lo fue su “padrino” bandido. Se promueve en medios de Oaxaca y nacionales.

En Liconsa, la leche que debe ser para niños, mujeres embarazadas y ancianos es convertido en propiedades de lujo para los funcionarios… o en votos para el PRI.
La noble función de la empresa gubernamental, industrializar leche de elevada calidad y distribuirla a precio subsidiado para apoyar la nutrición de millones de mexicanos, en especial de familias en condiciones de pobreza, es desvirtuada por el director Ramírez Puga.

Todo eso es alcahueteado por el presidente priista Enrique Peña Nieto, quien personalmente emitió su nombramiento al frente de Liconsa el 12 de diciembre de 2012. También es permitido por Rosario Robles, la ex perredista titular de Sedesol federal, acusada igualmente de corrupción.

La deshonestidad de Ramírez Puga se replica en casi todo el país pero particularmente en Quintana Roo, donde la delegada o gerente es Karla Teresa Blancas Pizaña, una amiga incondicional del gobernador Roberto Borge Angulo, también militante del PRI.

La funcionaria está dedicada a enriquecerse y a realizar proselitismo a favor del tricolor, en vísperas de las elecciones del 7 de junio. Viola leyes al apoyar las campañas de los candidatos a diputados federales José Luis “Chanito” Toledo (delfín de Borge para la gubernatura en 2016) y Arlet Mólgora.

No le importa que por sus malos manejos haya desabasto de leche para la gente más pobre de Quintana Roo.

Ya anteriormente, cuando fungió como Oficial Mayor del DIF-Estatal, Blancas Pizaña fue señalada como corrupta. Y el gobernador le habría advertido que “era el último escándalo que le toleraba”…

Liconsa-Quintana Roo depende teóricamente del delegado de la Sedesol, Fabián Vallado, pero quien designó a Karla fue el mismísmo Borge, su impulsor político.

(Vallado anda ahora muy ocupado saboteando, junto con el alcalde de Cancún, Paul Carrillo de Cáceres, la campaña de “Chanito”. El delegado está dolido porque considera que el “gallo” de Borge le arrebató la candidatura… y el presidente municipal aspira a ser gobernador. ¡Historia de traiciones y ambiciones!).

En lo que respecta a Héctor Pablo Ramírez Puga (HPRP), está acusado en Oaxaca de peculado, fraude, asociación delictuosa, abuso de autoridad y otros delitos. Ver el reportaje Las andanzas del “ahijado” de Ulises Ruiz (http://www.proceso.com.mx/?p=327763).

Con el manto protector de Ulises Ruiz Ortiz (URO), el hoy director de Liconsa amasó en pocos años una colosal fortuna. Fue Secretario Técnico (2006-2007) y Coordinador General de Comunicación Social (2008-2009) en el nefando régimen ulisista que comprendió el sexenio 2004-2010. En 2009, el gobernador oaxaqueño lo hizo diputado federal. Fuero, para protegerlo…

Entre las propiedades que Ramírez Puga logró como funcionario figura una residencia de más de 2 mil metros cuadrados que construyó en la zona ecológica protegida de San Felipe del Agua (Oaxaca), con cancha de tenis, alberca y salón de fiestas.

Benefició a su padre, dueño del periódico El Extra de Oaxaca, con jugosos convenios publicitarios del gobierno del estado. En cuatro años, un total de 28 millones. También le concedió (en comodato por 20 años) un restaurante en un inmueble catalogado como patrimonio arquitectónico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Es dueño de varios medios de comunicación en Oaxaca.

Hay quienes consideran a Ramírez Puga cómplice de los 30 muertos y varios desaparecidos que dejó el gobierno de URO en el conflicto social oaxaqueño de 2006-2007, donde la gente fue aterrorizada por las “caravanas de la muerte”, famosas por la violencia que desataron contra los maestros de la Sección 22 del SNTE y los militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Además, como aquí lo publicamos, Ulises fue el principal golpeador del padre Alejandro Solalinde, quien ya anunció que pronto lo citará a declarar en relación al sinfín de delitos cometidos por su gobierno en aquellos años. El clérigo es titular de la Comisión de la Verdad.

URO, con su “mapachería” y compra de votos, agravia a la sociedad quintanarroense. Lo hizo también al designar subdelegado del PRI en Q.Roo a otro pillo oaxaqueño, también ex colaborador suyo: Bulmaro Rito Salinas, quien el 10 de julio del año pasado fue aprehendido por peculado. Sigue preso.

Al mismo tiempo que fungía como segundo de a bordo de Ruiz Ortiz, Bulmaro ostentaba un cargo en Liconsa y cobraba un jugoso sueldo gracias a la “generosidad” de su paisano y aliado Ramírez Puga.

El 4 de noviembre pasado, diputados federales de la oposición acusaron al director general de Liconsa de “encubrir y proteger a delincuentes que operan una red de corrupción en esa dependencia del gobierno federal”. Presentaron querella en la PGR.

Ello ocurrió después de que Benjamín Rojas Bolaños, quien fungió como gerente de Liconsa en León, Guanajuato, hasta el 29 de septiembre 2014, denunció un fraude por más de 15 millones de pesos y desviaciones graves en el Programa de Adquisición de Leche Nacional.

Rojas Bolaños, destituido por HPRP tras denunciar el fraude, también formuló una denuncia en PGR y envió una carta a Peña Nieto. No hubo respuesta alguna, desde luego.

Se supo además que Liconsa enfrenta un déficit cercano a los 700 millones de pesos. En su afán de ser gobernador, y acatando línea de Ulises Ruiz, Ramírez Puga metió a “trabajar” en la empresa gubernamental a más de 50 oaxaqueños, muchos de ellos ex colaboradores de URO. Como éstos:

Heliodoro Carlos Antonio Díaz Aguirre, Joaquín Rodríguez Palacios, José Antonio Amado Osorio, José Humberto Cruz Ramos, Juan José Galguera García, Marco Antonio González Amaro, Marco Antonio Hernández Cuevas, María Antonia Vigil Garnica, María del Consuelo Rodríguez Casasnovas y Othoniel Melchor Peña Montor.
Y en Quintana Roo, los delitos de Karla

Fabián Vallado Fernández, dio posesión el 16 abril de 2013 como nueva gerente del Programa de Abasto Social Liconsa en Quintana Roo a Karla Teresa Blancas Pizaña.

Ella es gente del gobernador Borge, se dice comadre de él. Ha sido directora de Administración de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, Oficial Mayor del Sistema DIF-Quintana Roo, directora administrativa de la Secretaría Particular del jefe del Ejecutivo, entre otros cargos.

De origen norteño, aunque otros dicen que es veracruzana, en el DIF hizo transa y media, se compró una mansión en la colonia Campestre de Chetumal.

Fue nombrada por Borge en Liconsa sin tener conocimiento alguno del programa lechero, al que empieza a hundir con extrema rapidez. Esto se refleja en el desabasto de leche.

Existe desabasto de producto en los centros comerciales, aparentemente porque Liconsa QR tiene una enorme deuda con Liconsa Oaxaca, que por falta de pago no envía el producto completo, sólo la leche subsidiada y por cierto racionada en algunos casos.

El 13 de enero, Karla dijo que los beneficiados con el programa lechero son casi 40 mil personas en Quintana Roo. Y que el precio del litro de leche subsidiada se mantendría todo el año en 4.50 pesos en los 131 expendios.

Llega a Liconsa con gran comitiva: chofer, asistentes y gente de su confianza. Se pasea en una Suburban gris con el logo dorado del gobierno del estado, que no debería utilizar por ser Liconsa una dependencia federal.

El viejo vehículo Attitud de los 2 antiguos gerentes y que estaba impecable, se lo dio a su alcohólico marido Marco Gutiérrez, quien laboraba en el ayuntamiento chetumaleño. Ahora, el automóvil es chatarra.

Karla nombró a su compadre y socio Roger Uc Marín, alias “El Cachetes de Salbut”, jefe de recursos humanos. Es quien se encarga de maltratar al personal y agredirlo verbal y físicamente. Manipula al personal administrativo para sacar beneficios propios. Es una persona violenta.

La secretaria Anahí, por cierto sobrina de Karla, utiliza una unidad oficial Tsuru para su uso personal, se traslada diariamente a su rancho llamado Sergio Butrón Casas, ubicado a 40 minutos de Chetumal.

Roger Uc y Blancas Pizaña son dueños de la empresa de vigilancia y limpieza “Servicios Payo Obispo”. Se “auto-contratan” para darle servicio a Liconsa pero también a Diconsa en Chetumal, donde la encargada era Irazú Sarabia May. Y el personal no tiene IMSS, la empresa no cuenta con permiso de la Secretaría de Seguridad Pública del estado para brindar servicio.

Roger utiliza vehículo oficial para uso personal, como ir de compras al “súper”, y ordena a trabajadores de Liconsa para que la hagan de su chofer y sus cargadores.

Karla colocó a su hermana Gina Blancas Pizaña como “aviadora” en la Cojudeq bajo la protección de Martín Cobos Villalobos; la sedicente funcionaria solamente acude a la dependencia a checar tarjeta y tomarse fotografías para el Facebook.

En junio de 2012, el hermano de Karla, Salvador Blancas Pizaña y su amigo Rommel Iván Piña Cachón, balacearon “nomás para divertirse”, un vehículo en el Boulevard Bahía de Chetumal, donde viajaban 4 personas. Fueron liberados casi de inmediato por tentativa de homicidio y sólo pagaron una caución de 41 mil 500 pesos cada uno en el Ministerio Público. Pero, bueno, tuvieron madrina de lujo: Karla Teresa Blancas fungía como directora administrativa de la Oficialía Mayor de gobierno.

Otros de sus familiares, Alejandra y Arturo Blancas, fueron vinculados con el crimen de la holandesa Brenda Susan Margaret Searle, reportada como desaparecida por sus familiares en el 2001.

Además, Arturo Blancas fue acusado al año siguiente del homicidio del cohetero Concepción Balam, cuyo cuerpo fue encontrado en una brecha del camino de acceso a la comisaría de Xocén, en el vecino estado de Yucatán. Fue absuelto en el 2006.

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